Según el EUROSTAT, en la Unión Europea se generan anualmente unos 2500 millones de toneladas de residuos
Según el EUROSTAT, en la Unión Europea se generan anualmente unos 2500 millones de toneladas de residuos, o aproximadamente 5 millones de toneladas por habitante.
Las medidas Europeas para la gestión y prevención de residuos se recogen en los Planes Medioambientales de Acción (PMA).
- El 6º PMA, Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente (2002 – 2012), en el que se basa la actual Ley española de residuos (Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados), establece una jerarquía de gestión de residuos: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otros procesos de recuperación y eliminación.
- El 7º PMA, Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020, actualmente en vigencia, se basa en los principios de “el que contamina paga”, de precaución, de acción preventiva y de rectificación de la contaminación en el lugar de origen.
A nivel estatal, la gestión de residuos en la Unión Europea viene marcada por los Planes de Gestión de Residuos, elaborados por cada estado miembro por orden comunitaria. En España el plan de gestión de residuos en vigor es el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, cuyos pilares incluyen:
- La jerarquía de gestión de residuos, establecida por el 6º PMA.
- El fortalecimiento de las políticas de prevención.
- El establecimiento de objetivos cuantificados de reciclado y reutilización de residuos.
- La consideración de la incineración de residuos municipales como operación de valorización.
- La mejora de la gestión de los biorresiduos.
Los inventarios y las estadísticas sobre generación, recogida y tratamiento de residuos proporcionan datos regulares que permiten evaluar las políticas en materia medioambiental y cuantificar los residuos recogidos y tratados. Algunos de los organismos responsables de recopilar y analizar esas estadísticas son:
- Estadísticas globales: UNSD (División Estadística de Naciones Unidas), OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y convenios BRS (Basilea, Rotterdam, Estocolmo).
- Estadísticas europeas: Eurostat, JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea)y EEA (Agencia Europea del Medioambiente).
- Estadísticas nacionales: INE (Instituto Nacional de Estadística).
- Estadísticas autonómicas: Institutos autonómicos de estadística.
La Ley de Residuos establece que las Comunidades Autónomas deben elaborar planes autonómicos de gestión de residuos. Estos han de contener datos sobre:
- El tipo, cantidad y fuente de los residuos generados en el territorio.
- Principales instalaciones de eliminación y valorización existentes.
- Evaluación de la necesidad de cerrar instalaciones existentes de residuos.
- Información sobre criterios de ubicación y sobre la capacidad de futuras instalaciones de valorización o eliminación.
- Políticas generales de gestión de residuos.
- Medidas para combatir y prevenir todas las formas de vertidos de basura.
- Indicadores y objetivos cualitativos o cuantitativos adecuados, en particular sobre la cantidad de residuos generados y su tratamiento y sobre los residuos municipales eliminados u objeto de valorización energé¬tica.
- Protección de la salud y el medio ambiente: la gestión de los residuos debe realizarse sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, las plantas o los animales, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes ni contra los lugares de especial interés.
- Los productores o poseedores de residuos deben tratarlos ellos mismos o hacer que sean tratados por un operador oficialmente reconocido. Estos deben estar autorizados y son inspeccionados periódicamente.
- Las autoridades nacionales competentes deben establecer planes de gestión y programas de prevención de residuos.
Para ayudar a los Ayuntamientos españoles en la redacción y elaboración de Ordenanzas Marco de Recogida de Residuos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha elaborado un modelo, sustentado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.