El Ejecutivo ha rediseñado el sistema de incentivos a la contratación para mejorar su eficacia, fomentar el empleo de calidad y promocionar la contratación de personas desempleadas, en especial de las más vulnerables o con bajo nivel de empleabilidad.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Diaz, ha destacado que la reforma cumple los compromisos de España con la Comisión Europea y atiende a las recomendaciones del Pacto de Toledo y de diversos organismos públicos y privados. Además, responde a la necesidad de unificar la normativa sobre esta materia.

Yolanda Díaz ha resaltado que el objetivo del Gobierno es que toda la contratación tenga carácter indefinido: «Todo el sistema de incentivos y bonificaciones se va a dirigir al espíritu de la reforma laboral, que es la estabilidad en el empleo».

No habrá ninguna bonificación a la contratación temporal, excepto en el supuesto del contrato de sustitución.

Asimismo, la vicepresidenta ha incidido en que «no se trata de abaratar los costes laborales, sino de mejorar la empleabilidad en colectivos que sabemos de antemano que tienen enormes dificultades para poder acceder a ella». En este sentido, ha subrayado que, por primera vez, las personas con discapacidad intelectual límite y otros trastornos de salud mental se incluyen entre los colectivos de atención preferente, entre los que también figuran los mayores de 45 años parados de larga duración.

Las víctimas de violencia de género o de violencias sexuales mantendrán las bonificaciones y se incentivan los contratos vinculados a la conciliación durante toda su duración.

Nuevas bonificaciones

Yolanda Díaz ha explicado que se bonifica, con 275 euros durante tres años, la contratación indefinida de personas menores de 30 años que no tengan ningún tipo de cualificación. Además, se fomentará el contracto en prácticas y se permitirá la capitalización de la prestación pública por desempleo para fomentar el cooperativismo.

La vicepresidenta también ha resaltado que se promoverá la transformación de los eventuales en la agricultura en fijos discontinuos ordinarios y que se reforzará la negociación colectiva en materia de empleo. El fin es que las empresas también negocien sobre los incentivos que deben tener cada una de las realidades mercantiles.

Los empresarios que reciban incentivos tendrán la obligación de mantener al trabajador empleado durante, al menos, tres años desde el inicio del contrato incentivado.

La norma entrará en vigor en el mes de septiembre, según ha adelantado la vicepresidenta segunda, y el modelo se someterá a un proceso de evaluación permanente: «Vamos a un sistema lineal y absolutamente transparente».

Primera prestación especial por desempleo para los artistas

El Consejo de Ministros ha aprobado una prestación especial por desempleo para los trabajadores del sector cultural y artístico, a la que podrán acceder también los técnicos y auxiliares del sector.

Yolanda Díaz ha explicado que para beneficiarse de ella estos trabajadores deberán acreditar 60 días de cotización por prestación real de servicios en la actividad artística en los últimos 18 meses. O bien, acreditar 180 días de alta en la Seguridad Social por prestación real de servicios o regularizaciones anuales ya efectuadas en los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo.

Los trabajadores tendrán derecho a una prestación que, en función de sus cotizaciones, supondrá entre el 80% y el 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

La vicepresidenta también ha señalado que el cien por cien de la pensión de jubilación será compatible con la actividad artística: «El Gobierno entiende que la gente de la cultura debe seguir contribuyendo a su país, aunque esté jubilada».

Los artistas autónomos que tengan ingresos iguales o inferiores a los 3.000 euros anuales tendrán un régimen de cotización reducido. En el año 2023, se fija una base de cotización de 526,14 euros, que supone una cuota mensual de 161 euros.

Por otra parte, el Ejecutivo ha acordado crear dos grupos de trabajo. El primero, estudiará medidas de reconocimiento de la intermitencia en el ámbito laboral y de la Seguridad Social del colectivo. El segundo, impulsará la evaluación y reconocimiento de determinas enfermedades profesionales derivadas de las actividades específicas en el sector cultural.

Yolanda Díaz ha recordado que la creación de esta prestación especial es una reivindicación histórica del sector cultural con la que el Gobierno está comprometido. También ha apuntado que la norma fue negociada dentro del diálogo social y con el propio sector. Ha reconocido que la negociación fue compleja y ha agradecido al ministro de Cultura, Miquel Iceta, y a todos los que han participado en ella su esfuerzo por alcanzar un consenso.

Con las medidas aprobadas hoy en relación con el sector cultural se avanza en el desarrollo del Estatuto del Artista, en el que están implicados ocho ministerios.