Aun cuando le sea impuesta otra medida, de no intervenir prisión preventiva, la persona investigada en ocasión de un hecho punible suele estimar que sus derechos han quedado intactos. A la inversa, de la misma circunstancia, la víctima y el responsable de la investigación asumen que se trata del colapso de la justicia. Con todo esto, gran parte de la población ha levantado una noción tan precaria del estatuto de libertad que defenderlo en su justo alcance expone a la recriminación; incluso, te tildan de ser aliado del crimen.

Pero, resulta que en todo Estado democrático de derecho, dicho instituto constituye principio y valor de incuestionable relevancia. En el caso nuestro se sustenta en la Constitución, tratados internacionales sobre derechos humanos y en la Ley 76-02, que implementa el Código Procesal Penal. Claro está, no siendo un derecho absoluto, tiende a ceder frente a la necesidad de determinar la responsabilidad que corresponda por la comisión de un tipo penal y, con mayor razón, cuando ello ha sido establecido.

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