Ocho proyectos de ley, diez informes disidentes, trabajo conjunto con los legisladores oficialistas para la aprobación de leyes fundamentales, definen el trabajo de la diputada, quien ha elevado su voz ante decisiones de organismos gubernamentales que afectan a los ciudadanos y a su calidad de vida.

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Ocho proyectos de ley, diez informes disidentes y su trabajo conjunto con legisladores oficialistas para la aprobación de leyes fundamentales a favor de la República Dominicana, marcan más de tres años de desempeño de la diputada Faride Raful en el Congreso, quien ahora aspira a representar al Distrito Nacional en el Senado.

La información está contenida en un balance levantado por el equipo de comunicación de la legisladora del Partido Revolucionario Moderno ( PRM) por la circunscripción uno de la capital, denominado “Faride en una curul activa.”

Además de los proyectos propios, el informe destaca el trabajo en equipo de Raful con los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para hacer realidad  la Ley de Lavado de Activos, que si persistía en tranque hubiese afectado al país en los mercados internacionales, especialmente al sector financiero nacional.

Igualmente, subraya que en sus labores como miembro de la Comisión de Hacienda y de Justicia asumió una labor “activa y titánica” para la aprobación de proyectos como el Código Civil, el Código Penal, Ley de Alquileres, la Ley de Notariado y la Ley de Cheques, entre otras.

Entre las iniciativas propias de Raful presentadas al hemiciclo están los proyectos de ley de Reorganización de la Administración Pública, que elimina unas 53 instituciones que no tienen funciones o duplican funciones con otras y el que garantizaba la “Vacuna Gratuita para el Virus del Papiloma Humano” aprobado a unanimdad.

De igual manera, la diputada -una de las más votadas entre los legisladores del país- introdujo el proyecto que busca modificar las leyes de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y del Régimen para tipificar e incluir nuevas modalidades de delitos y crímenes electorales, relacionados con el uso de bienes, servicios y/o recursos públicos.

Otras piezas legislativas presentadas por Faride son los proyectos de Ley Tope, que pretendía poner límites a las moras e intereses indemnizatorios a los contribuyentes, con el fin de que sus deudas con la DGII no se volvieran impagables y, el de Amnistía a personas físicas por omisiones en la declaración de Impuestos Sobre la Renta.

“Con el último proyecto se buscaba una amnistía para que a partir de un plazo corto los ciudadanos que por años tenían dos o más empleos, se regularizaran y procedieran a pagar correctamente sus tributos.  Si bien es cierto que el proyecto no se aprobó como Ley, la DGII administrativamente lo aplicó gracias a las gestiones de Faride”, resalta el informe.

Raful es proponente, en conjunto con otros tres legisladores, de la Ley que crea el Colegio Dominicano de Odontólogos, una demanda del sector que tenía muchos años en espera de aprobación y que busca organizar a esa clase profesional y proteger a los pacientes.

El documento relata que otro proyecto presentado por la legisladora, que  buscaba generar una reacción de las autoridades municipales, fue el de la declaración de utilidad pública de una acera en el ala sur de la avenida Kennedy, que por más de 10 años había sido eliminada por la ampliación de la vía.

“Hay proyectos de corte histórico que han sido sometidos, como el de la necesidad de trasladar los restos del coronel Lora Fernández al Panteón Nacional”, refiere el reporte, el cual recuerda que Raful ganó la diputación ejecutando un presupuesto de apenas RD$3.0 millones, 1,900% más pequeño que el promedio de gastos de quienes aspiraron a diputaciones, estimados en RD$60.0 millones.

Labor de fiscalización

En su responsabilidad de legislar y fiscalizar, Faride presentó informes disidentes sobre los financiamientos a Punta Catalina, a la Presa de Monte Grande, a las Distribuidoras de Electricidad, a un proyecto Agroforestal ejecutado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, a lo que se agrega su oposición al matrimonio infantil, entre otros.

También solicitó a la Cámara de Diputados en 2018 la designación de una comisión especial para que investigue la legalidad de los contratos hechos a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia a las empresas vinculadas a Joao Santana y su esposa.

La legisladora procedió de esa manera luego de recibir documentos – a través de la Ley de Acceso a la Información Pública- de parte de la Contraloría General de la República sobre pagos millonarios a esos asesores, considerados irregulares. Este caso fue bautizado en la opinión pública como “Los papeles de Faride”.

La diputada solicitó en marzo de 2019 la interpelación del procurador general, Jean Alain Rodríguez, por su actuación en la evaluación a una jueza de la Suprema Corte (SCJ) Miriam Germán, violando el debido proceso y lesionando el derecho de defensa de la magistrada, a quien espió obteniendo informaciones a partir de la intervención de su teléfono.

 “Faride ha sido una voz que ha apoyado a todos los sectores del Distrito Nacional y del país. En el año 2018 enfrentó a la Dirección General de Aduanas cuando la entidad pretendió aumentar el arancel de un 3% a un 20% en perjuicio de los consumidores y las prestadoras de servicios de telecomunicaciones”, indica el documento.

Señala, además, que la diputada y aspirante a senadora levantó su voz cuando la misma Dirección General de Aduanas pretendió aumentar el arancel a los suplementos alimenticios o nutricionales sin base legal.

 “Su labor con las juntas de vecinos y entidades comunitarias del Distrito Nacional ha sido extensa y de amplio impacto; importante resaltar su trabajo de representación con los residentes de Ciudad Nueva y la Zona Colonial, en atención a sus reclamos por el cierre temporal hecho por la OISOE del Hospital Padre Billini”, cita el informe.

Asimismo, pone de relieve el trabajo de Faride en La Ciénaga y Los Guandules con relación a la situación de los desalojos por el proyecto Domingo Savio, donde se abrieron las puertas de la negociación y al diálogo para lograr soluciones a estos problemas sociales.