El rechazo de la Junta Central Electoral (JCE) a la candidatura presidencial de Ramfis D. Trujillo por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), muestra el cuco que este representa para los políticos corruptos, ya que es el único que recuperara los bienes robados del estado, los llevará presos por corrupción y los veremos a estos limpiando las calles como castigo en contra de la patria.
Por el contrario, tenemos a Luis Abinader candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que nunca someterá a los corruptos a la justicia, este garantiza el famoso borrón y cuenta nueva para el oficialismo, empezando con su cercano aliado el ex presidente Leonel Fernández.
La constitución dominicana ha pasado de ser la Carta Magna que rige a todos los ciudadanos a un pedazo de papel que asegura la voluntad ilegal, política y judicial de los políticos que están en el gobierno.
La JCE es el garante jurídico de las elecciones democráticas del país, tienen una historia cimentada en pisotear los derechos fundamentales y constitucionales de los dominicanos para hacer trajes a la medida de la voluntad del poder. Esta es la institución que ha puesto en el borde de una crisis civil a nuestro país al imcumplir con el llamado de las elecciones libres a nivel municipal el pasado 16 de febrero de este año.
Esta junta que rechaza la candidatura presidencial del nieto de Trujillo, es la misma que otorgó cédula de identidad y electoral al narcotraficante puertorriqueño José David Figueroa Agosto, quien pagaba por protección al gobierno dominicano cuando operaba su cartel en el país. Es la JCE que bajo el mandato del estado, ha otorgado miles de cédulas de identidad y nacionalidad dominicana a inmigrantes haitianos para así manipular los resultados electorales.
Este organismo electoral que juzga tan rigurosamente a Ramfis, es la que no aplica las mismas reglas al ex Presidente Leonel Fernández, que todavía tiene la ciudadanía americana por naturalización, no por nacimiento y ha sido certificado como candidato presidencial por La Fuerza del Pueblo (LFP); al igual que el ex presidente Hipólito Mejía, quien sigue gozando de las dos nacionalidades.
La misma JCE que no leyó ninguno de los documentos sometidos por Ramfis D. Trujillo, para la certificación de su candidatura presidencial y lo descalifica violando todos sus derechos fundamentales de elegir y ser elegido.
El artículo 20 de la constitución que dice: “Párrafo.- Las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad, por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República, si renunciare a la nacionalidad adquirida con diez años de anticipación a la elección”.
Este artículo no le aplica a Ramfis, ya que este no hizo un proceso de naturalización migratorio para ser ciudadano. Por el contrario, la madre de este sale del país como refugiada política. Los Estados Unidos le dan el asilo político por ser ella una persona desterrada o que ha huido de su país por motivos políticos reconocido por la Ley Reguladora del Asilo en la Convención de Ginebra de 1951.
Esta es una migración forzada que obliga a que este naciera fuera del país, pero con la nacionalidad dominicana, al igual que los diplomáticos. Este tiene el pasaporte dominicano desde el año 1975 y es el que todavía usa para sus viajes internacionales.
Este artículo 20 se denigra como discriminatorio en base al artículo 39 que dice: “Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.
¿Entonces los dominicanos que vivimos en la diáspora y que aportamos más de 7,000 mil millones de dólares anuales al Producto Interno Bruto (PIB), no tenemos la potestad de elegir o ser elegidos libremente para desempeñar cualquier cargo político en el gobierno? Esta es una ley que ha querido ser condicionada para asegurar que los corruptos sigan en el poder, sin darle partición igualitaria a los dominicanos nacidos y que viven en el exterior.
El equipo de abogados de la campaña presidencial de Ramfis D. Trujillo ya sometió una apelación a la JCE para su revisión, también tiene previsto planes para someter esta instancia si es necesario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí todos los que quiere ver este país en democracia no vamos a desistir o permitir que el nieto de Trujillo no vaya en la boleta electoral presidencial del PNVC.
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