Por Araceli Aguilar Salgado 

“La humanidad tiene que escuchar a los pueblos originarios, la modernidad destruye, y nos ha colocado en una de las peores crisis ambientales de la humanidad; y por ello la propuesta del Buen Vivir y del Vivir Bien es la única salida” 

Los expertos han destacado la importancia de aprender de los ejemplos ambientales establecidos por las comunidades indígenas, algunas de las cuales han vivido en armonía con la naturaleza durante miles de años. 

Los pueblos indígenas poseen la llave maestra para una recuperación transformadora post-COVID-19 en base a sus saberes, su conciencia colectiva y su cosmovisión, afirma la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Este jueves se realizó el foro político “Desafíos en tiempos de pandemia: Una concertación para el Buen Vivir”, organizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).  

En él, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, aseguró que los pueblos originarios “poseen la llave maestra para una recuperación transformadora pos coronavirus en base a sus saberes, su conciencia colectiva y su cosmovisión”. 

En este sentido, la secretaria general de la CEPAL remarcó que es crucial reafirmar la centralidad de los derechos de los pueblos indígenas; y recordó que sus “estándares fueron consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y otros instrumentos internacionales de derechos humanos”. 

La funcionaria de la CEPAL recordó que América Latina y el Caribe es la región más golpeada por la pandemia de COVID-19, porque representa el 8,4% de la población mundial, pero contabiliza 32,5% de las muertes del mundo por esta enfermedad. 

Agregó que la región enfrenta una profunda asimetría frente al mundo desarrollado, especialmente en el acceso a las vacunas y los impactos del cambio climático, y recordó que los pueblos indígenas padecen las desigualdades estructurales, la discriminación y el racismo que caracterizan la región configurando un escenario de mayor vulnerabilidad y riesgo frente al COVID-19 y los impactos de la crisis. 

Precisó que, según el informe Panorama Social de América Latina para el año 2019, la tasa de pobreza de las personas indígenas ascendió al 46,7% y la de pobreza extrema al 17,3%, equivalentes al doble (2,1 veces) y el triple (3,1 veces) de las respectivas tasas para la población no indígena en el conjunto de los nueve países con información disponible. 

A eso se añade que la pandemia ha producido impactos diferenciados sobre la realización del derecho a la salud y a la vida de los pueblos indígenas, así como sobre otras dimensiones de sus derechos económicos, sociales, culturales, territoriales y ambientales, que repercuten de manera particular en las mujeres indígenas, las y los niños y jóvenes, las personas mayores indígenas y las personas indígenas con discapacidad. 

Subrayó la necesidad de contar con mejores fuentes de datos desagregados para entender los verdaderos impactos de la pandemia en los pueblos indígenas y orientar las políticas públicas. 

La falta de información desagregada es también expresión de la discriminación, enfatizó las tensiones y conflictos derivados de la falta de garantías de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las amenazas externas han seguido aumentado en los últimos años, incluso antes de la pandemia. 

Entre 2015 y 2019, la CEPAL identificó 1223 conflictos en 13 países de América Latina, derivados de la afectación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas asociados a industrias extractivas, entre ellos, la minería, hidrocarburos, energía y los monocultivos. De hecho, casi dos tercios (63,7%) de ellos se originaron por la minería (43,5%) y los hidrocarburos (20,2%). 

Los desafíos del Buen Vivir, porque nuestras sociedades están retornando a los privilegios que niegan derechos, a la concentración, a un modelo neoliberal que no logramos superar. Estas desigualdades históricas están aunadas al despojo y al saqueo de las tierras de los recursos de los pueblos indígenas. 

Resaltó también la urgencia de visibilizar y condenar los procesos de criminalización de la protesta social indígena ante proyectos de inversión que afectan a sus territorios la expresión más dramática de la vulneración de sus derechos es el asesinato de defensores de la vida y los territorios de los pueblos indígenas. Entre 2015 y el primer semestre de 2019, 232 líderes y comuneros indígenas fueron asesinados en el marco de los conflictos territoriales, gran parte de ellos asociados a la industria extractiva. Esto significa que, en promedio, cuatro defensores indígenas son asesinados cada mes en América Latina. 

Por ello, destacó la relevancia del Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el único tratado que protege la vida de los defensores ambientales. 

La alta funcionaria aseveró que el Buen Vivir requiere reconocer la relevancia del territorio, el derecho a la cultura más allá del idioma, la que brinda conciencia y memoria histórica, espiritualidad, visión de la vida; el derecho a una educación pertinente y a su desarrollo con identidad como sujetos de derechos, y a los derechos territoriales. 

Como bien nos ha dicho el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, la obligación de comunicarnos, de dialogar, es un principio del Buen Vivir, pero en forma paritaria, se precisan acciones, medidas. Lo más importante es que no se haga nada sobre ustedes sin ustedes. Como bien decimos: nada sobre nosotros sin nosotros. 

Finalmente, Alicia Bárcena envió su solidaridad a los miles de habitantes de América Latina y el Caribe que han debido enfrentar los efectos de la pandemia en condiciones de marginación y exclusión, y concluyo con un saludo en especial a los silenciosos guardianes de la tierra y la biodiversidad, que en medio de la crisis inquebrantablemente han mantenido su labor de defensa de los derechos ambientales y sociales de todas y todos.