La orden la habrían dado desde la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), según le informó un empleado de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), esto a pesar de que no había una autorización judicial.
Días después la procuradora Miriam Germán Brito emitió una nota aclaratoria en la que rechazaba la acción ilegal e informaba que se habían aplicado sanciones disciplinarias por el hecho.