Categoría: españa

En su intervención, el presidente del Gobierno ha señalado que el objetivo de la Conferencia es coordinar el Fondo de Recuperación para «no dejar caer a familias, empresas y trabajadores, vivan donde vivan». Asimismo, ha anunciado que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 -cuyo Anteproyecto será presentado mañana para su aprobación por el Consejo de Ministros- incluirán un adelanto de 27.000 millones de euros correspondientes a dicho Fondo.

De esta manera, el Gobierno quiere contribuir a una rápida reactivación de la economía, instando a los presidentes y presidentas a que promuevan, en el marco del Plan de Recuperación, proyectos o programas coherentes con los fines de este instrumento, y sean vertebradores del territorio.

El presidente ha hecho mención a las competencias autonómicas más vinculadas con áreas clave del Plan, como vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente.

Será en estas áreas donde las comunidades podrán ejecutar directamente los proyectos y programas que presenten, una vez sean aprobados. Y, para ello, se acordarán convenios marco entre los ministerios implicados y las comunidades autónomas, «movilizando al sector privado» como está previsto, siempre en torno a unas «prioridades regionales que deben estar alineadas con las nacionales y las europeas». Según las primeras estimaciones del Gobierno, este escenario se traduce en que en torno al 50% de los proyectos del Plan de Recuperación podrían ejecutarse por las comunidades autónomas atendiendo a sus competencias.

Así, el presidente ha mencionado ámbitos como el de la rehabilitación sostenible de viviendas. A este fin se destinarán 4.350 millones de euros. En segundo lugar, las políticas e inversiones medioambientales, dotadas con 2.500 millones. En tercer lugar, las políticas de educación que contarán con una dotación de más de 7.000 millones de euros. En cuarto lugar, «la nueva economía de los cuidados», que para el Gobierno es una pieza clave en la transformación del país, en su reactivación económica y en su competitividad, basada en la igualdad de oportunidades, la inclusión y la corresponsabilidad. Un ámbito en el que habrá una inversión de 2.000 millones de euros. Y en quinto lugar, la modernización y digitalización de las Administraciones Públicas, donde el presidente ha explicado que se destinarán 600 millones de euros para la digitalización en las comunidades autónomas y entidades locales. Una partida que se ejecutará a través de convocatorias específicas, que establecerá directrices comunes para presentar proyectos de digitalización de los servicios autonómicos y municipales.

Plan Justicia 2030, Rule of Law

Pool Moncloa / Fernado CalvoEl presidente ha informado también sobre la estrategia para el ámbito de la Justicia, en la que ha avanzado que, a través del Plan de Recuperación, el Gobierno va a impulsar un servicio público de justicia eficiente y de mayor calidad. Las medidas previstas beneficiarán a más de 14 millones de ciudadanos residentes en 5.200 municipios, a través de un conjunto de iniciativas destinadas a consolidar la justicia digital.

Esta Estrategia Rule of Law implica la creación de nuevas oficinas de Justicia en los municipios así como el desarrollo de iniciativas legales que otorguen plena seguridad» y «validez legal» a las actuaciones judiciales por videoconferencia, entre otras novedades esenciales para que el servicio público de justicia contribuya a la recuperación y el crecimiento económico.

Estado de alarma

El presidente del Gobierno también ha hecho referencia a la lucha contra la pandemia sanitaria, en un escenario marcado por la reciente declaración del estado de alarma en España, que permite que los presidentes y presidentas autonómicas puedan adoptar decisiones con plena seguridad jurídica.

En este contexto, el presidente ha reiterado su confianza en las capacidades de España como un país que cuenta con el talento y los recursos necesarios, y ha apelado nuevamente a la unidad entre administraciones para alcanzar el objetivo común de salvar vidas y reactivar la economía.

En su intervención, ofrecida por videoconferencia desde el Senado a los presidentes de las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Pedro Sánchez ha estado acompañado por la presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop; la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero; Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y Exteriores, Arancha González Laya.

Díaz Ayuso ha participado en la XXIII Conferencia de Presidentes organizada por el Gobierno central, celebrada hoy por vía telemática y con la asistencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. La jefa del Ejecutivo autonómico le ha trasladado su agradecimiento y su interés por poner voz a las regiones, además ha puesto como ejemplo lo que ha hecho el organismo que dirige con los estados miembros: tener en cuenta criterios de población, el impacto de la crisis en el Producto Interior Bruto (PIB) o el desempleo.

Durante su intervención, la presidenta madrileña también ha pedido mecanismos que ayuden a combatir la epidemia y que pasan, por ejemplo, por protocolos comunes para proteger las fronteras, tal y como le solicitó por carta hace unos días a Von der Leyen, a la que recordó que el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas es el más importante del país y tiene una amplia conexión con el resto de aeropuertos de España, con la red de carreteras y la ferroviaria.

Proyectos eficaces

A cambio, ha explicado la presidenta autonómica, el Gobierno regional se compromete a ser motor de recuperación con “proyectos eficaces, como los Hubs de innovación público-privada u otros que inserten en reformas estructurales”, como, por ejemplo, la Ley de Mercado Abierto que quiere aprobar el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid para garantizar “unidad de mercado en España y que elimine trabas administrativas y burocráticas”. “Es fundamental para crear empleo y dinamizar la economía”, ha considerado Díaz Ayuso.

La presidenta del Ejecutivo madrileño ha destacado que Madrid atrae entre el 75 y el 80% de la inversión extranjera, que el 60% de las multinacionales vienen a la “región capital de España” y que aporta el 68% del fondo que garantiza la homogeneidad de los servicios públicos fundamentales de todas las CCAA. Sin embargo, ha especificado, la pandemia va a dejar una caída del 14% del PIB. “Este golpe nos afecta a todos y es muy preocupante, de ahí que sea tan importante que lleguen estos fondos de recuperación”, ha sostenido.

En este sentido, Díaz Ayuso ha recalcado la importancia de que las regiones puedan llevar la iniciativa en temas como la transición verde, lo que pasa por apostar por sistemas de transporte colectivo verdes, o la transición digital, que tiene que incidir en los servicios que afectan directamente a los ciudadanos. También ha recordado que son las comunidades autónomas quienes gestionan cien por cien la Sanidad, o la Formación Profesional y la Educación.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentran reunidos en estos momentos para coordinar medidas con las que intentar frenar el avance de la pandemia en la región, donde se superan los 600 casos (en 14 días, por cada 100.000 personas). En la reunión ambos líderes han convenido que ambas administracionescelebrarán reuniones semanales, a la que acudirán el ministro de Sanidad, la de Política Territorial, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el vicepresidente del Ejecutivo regional.

Tras el encuentro, Sánchez y Ayuso comparecerán juntos en una rueda de prensa. La reunión se produce en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, el mismo día en que han entrado en vigor nuevas medidas de restricción de actividad y de movilidad en 37 zonas básicas de salud de la comunidad, donde residen unas 850.000 personas.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta en marcha a partir del lunes de nuevas restricciones a la movilidad en 37 áreas de la región (26 zonas básicas de salud de seis distritos y 11 de ocho municipios) cuyos indicadores superan los 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes. Con esta medida, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que queda cerrada la entrada y salida de dichas áreas salvo los desplazamientos adecuadamente justificados para ir a trabajar, ir a los centros educativos, hacer la compra o causa de fuerza mayor, con el fin de evitar el decreto de un nuevo estado de alarma y afectarán a 858.000 personas, el 13% de la población de la región, donde se producen el 25% de los contagios.

Las restricciones en estas zonas se aplicarán teniendo en cuenta las zonas básicas de salud de las zonas más afectadas e incluyen la reducción de aforos en comercios, hostelería o funerales, el cierre de tiendas y hospitales a partir de las 22.00 horas. Asimismo las reuniones privadas se reducen de 10 a 6 personas en una restricción que se hace extensible al conjunto de la Comunidad de Madrid.

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España: La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha dado la bienvenida a esta propuesta que sitúa a la UE en el mejor punto de partida para poner en marcha cuanto antes una recuperación verde. «La Comisión Europea ha entendido claramente que la única opción para salir de la actual crisis causada por la COVID-19 es poner en marcha una recuperación verde, que responda a la crisis climática, poniendo a las personas en el centro y cuidando del medio ambiente», ha subrayado Ribera.

La vicepresidenta ha explicado, además, que el hecho de que finalmente la CE apueste por el valor más alto entre los dos analizados -reducción del 50 o del 55% con respecto al nivel de emisiones de 1990- en la evaluación de impacto a la que se comprometió cuando presentó el Pacto Verde Europeo el pasado 12 de diciembre, «envía una señal clara para acelerar el debate sobre la ambición climática a 2030, de manera que podamos cerrar lo antes posible un acuerdo político que permita a la Unión Europea presentar antes de final de año a Naciones Unidas una contribución al Acuerdo de París más ambiciosa y demostrar que mantiene su liderazgo climático a nivel internacional».

España respalda el anuncio de mayor ambición de la Comisión por cuatro motivos principales: porque nos permite responder a las demandas de la Ciencia; por las oportunidades que genera para la economía en un momento crucial en el que es necesario sentar las bases de la recuperación, en términos de modernización de la economía, empleo, mejora de la salud, o desarrollo industrial; por el sentido de justicia social que representa, y porque nos situamos en senda de cumplir con el Acuerdo de París.

Aumento del objetivo climático en los fondos de recuperación

Un objetivo más ambicioso a 2030 será fundamental para aprovechar los recursos que se van a movilizar en el contexto del paquete de recuperación económica acordado por los líderes europeos en el mes de julio. En consonancia con el Pacto Verde Europeo, el Plan de Recuperación lanzado por la UE sitúa la transición ecológica como eje vertebrador del proceso de recuperación de la economía.

En este sentido, el acuerdo al que llegaron los líderes europeos en julio es claro en cuanto a la apuesta por la acción climática al establecer que se destinará un 30% de los recursos globales del presupuesto europeo y del programa «Next Generation EU» a acciones climáticas.

Para hacer efectivo este compromiso, es necesario que el objetivo climático del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como parte integral del «Next Generation EU», sea superior. De hecho, las estimaciones preliminares de la Comisión apuntan a que este objetivo ha de situarse en el entorno del 37%, mostrando así la apuesta de la CE para que los recursos sin precedentes que se van a movilizar en los próximos años estén alineados con la ambición climática.

«Es una muy buena noticia que en el contexto de la recuperación verde al menos el 37% del conjunto de los fondos estén destinados a transición ecológica. Esto pone de manifiesto hasta qué punto la transición ecológica es un vector de creación de empleo, de modernización de la industria, de resiliencia, de fortalecimiento de nuestras infraestructuras y de nuestras ciudades, haciéndolas más saludables y poniendo a las personas en el centro», ha insistido Ribera.

La acción climática debe ser transversal

Esta muestra de ambición es plenamente compartida por el Gobierno de España y refleja que la acción climática no puede ser un compartimento estanco, sino que debe integrarse como eje vertebrador de las acciones europeas para la recuperación. «La acción climática ha de ser transversal para asegurar que todo lo que hacemos sea compatible y evitar que el resto de actuaciones que pongamos en marcha pueden estar deshaciendo los efectos beneficiosos de esa acción climática», ha destacado la vicepresidenta.

Por otro lado, dado que la transición ecológica es uno de los ejes que vertebran el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la mayoría de gastos financiables tendrán un componente medioambiental y verde más allá de los objetivos puramente climáticos. Y no solo eso, sino que el acuerdo de julio establece la obligación de que todas las políticas y programas europeos no solo contribuyan a la agenda climática sino que la integren y la refuercen haciendo efectivo el principio de «no harm» poniendo en el centro de las acciones europeas a la lucha contra el cambio climático.

España, lista para poner en marcha una recuperación verde

La idea que vertebra todo el paquete de recuperación económica es el de hacer a nuestras economías más sostenibles y resilientes en materia social y ecológica para propiciar la profunda transformación que necesitan nuestros sistemas productivos. Todo ello con la vista puesta a incidir positivamente en el objetivo europeo de neutralidad climática en 2050.

España está en una buena posición para participar en esta transformación ya que ha apostado por la agenda climática no solo como uno de los ejes de la acción del gobierno sino como vector para la recuperación económica. En este sentido, El Gobierno ha puesto en marcha un marco regulatorio para aprovechar las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización de la economía, de reindustrialización, de generación de empleo y de atracción de inversiones.

Este marco está compuesto por el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a Largo Plazo para una Economía Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, la Estrategia de Transición Justa, el anteproyecto de Ley de Ley de Residuos y Suelos Contaminados y la Estrategia de Economía Circular.

En definitiva, un marco para establecer unas bases sólidas que den las señales adecuadas fundamentales para que todos los actores acompañen este proceso y participen en la transformación de nuestras economías y sociedades. Señales como son unos objetivos climáticos cuantificados ambiciosos en línea con los impactos que estamos viviendo y con lo que nos demanda el Acuerdo de París.