El Proyecto de Ley de Empleo se presenta como una herramienta para «promover y desarrollar la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo» con la finalidad de «contribuir a la creación de empleo y reducción del desempleo, mejorar la empleabilidad, reducir las brechas estructurales de género e impulsar la cohesión social y territorial». Entre otras cuestiones, establece que las administraciones públicas adoptarán «programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo» y transforma el Servicio Público de Empleo Estatal en la Agencia Española de Empleo.
El Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción considera «indispensable que el ordenamiento jurídico proteja a la ciudadanía cuando muestra una conducta valiente de clara utilidad pública», como advertir «de la existencia de prácticas irregulares y de corrupción». Entre los fines de la ley, se encuentran fortalecer «las infraestructuras de integridad de las organizaciones» y fomentar «la cultura de la información o comunicación como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público».
Como fija el artículo 123 del Reglamento del Congreso, las enmiendas propuestas por el Senado quedarán incorporadas al texto del Congreso si obtienen la mayoría simple de los votos emitidos. En caso de que se rechacen, se publicará la ley en los términos en los que la aprobó en su día el Congreso. De esta forma, las cuatro leyes ya estarán listas para su publicación y entrada en vigor.
