El mandatario encabezó el acto de cierre del Segundo Encuentro Nacional de Planificación, organizado por el Ministerio de Economía, donde disertó con el tema “Avances y direccionalidad de la implementación de las políticas públicas”. 

 Santo Domingo, República Dominicana. (Junio de 2023).  El presidente Luis Abinader destacó que la prioridad en inversión pública ha sido el agua, la vivienda, el transporte y la salud con más de RD$50 mil millones en conjunto en 2023, “más que cualquier otro gobierno”, enfatizó, en esos renglones. 

El mandatario dijo que por esa razón han puesto énfasis en el uso de las herramientas que permitan enfocar en primer plano la producción y los proyectos de inversión pública, como el nuevo modelo de priorización de proyectos que exige criterios de cohesión territorial, de alineación con las prioridades del Gobierno y de viabilidad de su terminación.  

“Otro de los principios rectores de la gestión del Gobierno es asegurar que las inversiones se hacen donde vive la gente, porque el desarrollo debe ocurrir allí también”, afirmó el mandatario, al encabezar el acto de cierre del Segundo Encuentro Nacional de Planificación, organizado por el Ministerio de Economía, donde disertó con el tema “Avances y direccionalidad de la implementación de las políticas públicas”. 

En función de eso, Abinader señaló que se han desarrollado y puesto en marcha distintos mecanismos como los consejos municipales y provinciales de desarrollo, la iniciativa del Gobierno en las provincias, “y la continua presencia nuestra en las comunidades a lo largo y ancho del país”.  

“El objetivo es contar con la participación de las personas en sus decisiones de su desarrollo”, puntualizó el jefe del Estado. Asimismo, el presidente Abinader resaltó que se han puesto herramientas para que ahora las necesidades expresadas por la gente sean la parte primordial de las decisiones de política y de producción de las instituciones.   

Abundó que con ese propósito se creó el Registro Único de Demandas Territoriales (RUCDT), que permite que las demandas de todos los territorios pasen a ser parte de los planes estratégicos de las instituciones y de sus presupuestos para asegurar que cada centavo sea la solución a los principales problemas que se necesiten solventar en beneficio de la población.