La sorpresa inicial por el asesinato selectivo del general iraní Qasim Soleimani está dejando paso a un incipiente debate jurídico sobre el encaje de esta acción, primero, en los difusos límites de la “guerra contra el terrorismo” que Estados Unidos inventó hace casi dos décadas, y segundo, en la estrategia del país en Oriente Próximo. El marco del debate es tratar de definir si se trata de un “acto de guerra”, como han criticado algunos demócratas, o una represalia contra un terrorista, el argumento de la Casa Blanca, que asegura que Soleimani era una amenaza inminente contra objetivos estadounidenses.

“No necesitamos que este presidente nos meta en una guerra de forma chapucera e impulsiva”, dijo el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, pidió en una entrevista en The Washington Post que se abra una serie de comparecencias para analizar la decisión de matar a Soleimani y las amenazas de Trump en Oriente Próximo. Schiff se mostró escéptico con la explicación de la Casa Blanca sobre supuesta información de inteligencia que justificaba el asesinato. La comparación más habitual entre los críticos es que, a pesar de los crímenes de Soleimani, se trata del número dos del régimen iraní. El equivalente sería que otro país hubiera matado al vicepresidente de Estados Unidos durante un viaje oficial.

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