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SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, el cual procura proveer un servicio más estable, eficiente y a menor costo.

El jefe de Estado calificó este acuerdo como un acto de responsabilidad del gobierno y de todos los firmantes, tras considerarlo vital, tomando en cuenta que tiene un retraso de seis años.

Insistió en que este acto de responsabilidad implica también ajustes administrativos que no siempre son simpáticos ni políticos, pero que son necesarios ante la gravedad del sector eléctrico.

Dijo que el pueblo dominicano tiene que saber que el sector eléctrico hoy es deficitario, y el responsable del 50 por ciento de la deuda del sector público.

“Solo en el presupuesto de este año se consignan 58 mil millones de pesos para atender ese déficit, que es el responsable de la mitad de la deuda del sector público no financiero en este país”, subrayó el presidente Abinader.

Recalcó que “es insostenible con el tiempo, pero aparte de eso tenemos una energía que no es competitiva”.

Consideró que atender el sector eléctrico con responsabilidad debe ser un objetivo de un gobierno que quiera hacer cambios profundos en este país, para un verdadero desarrollo sostenible.

El presidente Abinader precisó que, para el gobierno, el pacto implica establecer objetivos muy claros a las EDES, pues es donde está el gran drenaje de recursos.

“En otras palabras, este pacto lo que hace es ponerle objetivo, especialmente a las distribuidoras, que tienen que cumplir y que, como dijo el profesor Toribio, se va a ir monitoreando por los miembros del Consejo Económico y Social”, puntualizó.

Sobre el pacto firmado el mandatario dijo que no es el pacto perfecto, pero es el posible y que los puntos que habían objetado en la oposición, los están aplicando como gobierno para tener la coherencia necesaria.

 Se refirió entre esos puntos en ejecución la liquidación de la CDEEE, eliminación de los consejos y auditorías a las EDES, así como la contratación de auditoría externa al proyecto de Punta Catalina.

El presidente Abinader garantizó que el gobierno nunca se va a cansar de concertar, sobre todo en aspectos tan básicos como los estipulados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Además del jefe de Gobierno, entre los firmantes del pacto figuran la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; los ministros de la Presidencia y administrativo de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y José Ignacio Paliza; de Energía y Minas, Antonio Almonte; el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, así como el director ejecutivo del Gabinete Eléctrico, Celso Marranzini.

Participaron en el acto los empresarios Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); Frank Rainieri, presidente del grupo Punta Cana y Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD).

También, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado; el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Jiménez Bichara; del Partido Reformista Social Cristiano(PRSC), el senador por la provincia de La Vega Ramón Rogelio Genao y de la Fuerza del Pueblo, Juan Gómez.

Sostenibilidad sin corrupción

 Por su parte, el ministro de Energía y Minas destacó que con este pacto el gobierno del presidente Abinader se compromete a impulsar el cumplimiento de este gran acuerdo nacional en todos los aspectos.

Describió que el compromiso del gobierno en el sector eléctrico consiste en promover la transparencia y enfrentar la corrupción, fortalecer la institucionalidad del mercado y del sistema en general.

Además, lograr la sostenibilidad financiera del sector, eliminar sobrecostos y distorsiones, promover la expansión del uso de las fuentes renovables, así como reducir al mínimo la contaminación ambiental. También introducir innovaciones tecnológicas en generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad.

En tanto que Toribio expresó que el gobierno está tomando decisiones en el sector eléctrico como lo amerita.

“Con la firma del pacto tendrá que comprometerse a observar lo consensuado, así como asumir y ejecutar los acuerdos a que se lleguen en el diálogo entre la comisión ejecutiva del Consejo Económico y Social y el Gabinete Eléctrico”, señaló.

El presidente del CES, indicó que la firma del pacto no implica que los temas pendientes como los disensos no resueltos, temas tangencialmente tratados y las actualizaciones necesarias serían olvidados.

 “Serán abordados por la comisión ejecutiva del CES en diálogo con el Gabinete Eléctrico, y a esa tarea nos dedicaremos inmediatamente después de la firma del pacto”, agregó.

Energía renovable

El presidente Abinader anunció para los próximos días una licitación de 800 megas de gas natural con su depósito en Manzanillo, iniciando también el proyecto de Manzanillo y de energía renovable que va en consonancia con la firma de este pacto.

 En adición, el ministro de Energía y Minas informó que próximamente se van a firmar unos diez contratos de compraventa de energía con igual número de proyectos de energía renovable, básicamente solar y eólica.

SANTO DOMINGO. – El presidente Luís Abinader encabezó este viernes la ceremonia de entrega del “Premio Nacional a la Calidad y el Reconocimiento a las Prácticas Promisorias del Sector Público”, en su décima sexta versión, coordinado por el Ministerio de la Administración Pública.

Siete instituciones fueron galardonadas con medallas de oro, plata y bronce y otras tres recibieron reconocimientos por su empeño en mejorar su gestión y ofrecer servicios con calidad y eficiencia a los usuarios.

“Hoy reconocemos juntos, la idea que hay detrás de estos premios. Reconocemos el valor del servicio público, el valor del compromiso colectivo y la excelencia profesional”, expresó el gobernante en las palabras centrales del acto.

Reconoció en el servicio público, el mecanismo adecuado para dar respuesta a los retos y desafíos que sólo se superan juntos, como Gobierno, servidores públicos y ciudadanos.

“En esta ceremonia, y con este acto, ponemos en valor a los entes y órganos públicos que muestran avances importantes en los servicios que ofrecen a los ciudadanos, a través de esfuerzos de mejoras en la gestión”, enfatizó.

Abinader entregó la medalla de oro a la Dirección General de Presupuesto y a la Comisión Nacional de Energía por los avances logrados en la aplicación de los criterios del Marco Común de Evaluación (CAF), para mejorar el servicio público a los ciudadanos.

De igual forma, el presidente hizo un reconocimiento a cada uno de los que ejercen de manera correcta la función pública, “todos ustedes han trabajado por fomentar la implantación de modelos de gestión de calidad en la administración pública dominicana, por promover espacios de intercambio de experiencias y aprendizaje interinstitucional sobre temas de calidad y aplicación del modelo de gestión.”

El jefe de Estado también entregó el premio a cada uno de los representantes de las instituciones seleccionadas en las categorías de plata y bronce.

La institución ganadora en la categoría de plata con el “Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público”, fue la Dirección Regional de Educación 07, en San Francisco de Macorís.

De su lado, Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública, reconoció el compromiso de las autoridades en llevar a cabo una gestión de calidad, reflejado en la gran aceptación que han tenido las ejecutorias del nuevo modelo del quehacer público.

“La organización y celebración de este acto, en la Casa de Gobierno y encabezado por los primeros Mandatarios de la Nación, es la mejor demostración del compromiso del Gobierno del presidente Abinader de dar continuidad a iniciativas que contribuyan a lograr una gestión pública más efectiva, eficiente y transparente”, dijo el ministro.

En el acto, realizado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, estuvieron presentes Raquel Peña, vicepresidenta de la República; Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mypimes; Luz del Alba Jiménez, ministra de la Juventud; Carmen Heredia, ministra de Cultura y Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

También, mayor general Edward Sánchez Martínez, director general de la Policía Nacional; Santiago Hazím, director general del Seguro Nacional de Salud (Senasa); José Rijo Presbot, director general de Presupuesto; Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas y Zoila Martínez, Defensora del Pueblo.

Muestra de transparencia y continuidad de Estado

El jurado seleccionador de la décimo sexta versión del Premio Nacional a la Calidad fue presidido este año por Sol Disla, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.

Disla agradeció al Gobierno del presidente Abinader por la muestra de transparencia al llevar a cabo esta iniciativa.

“Año tras año, se entrega este premio en reconocimiento a los esfuerzos de miles de servidores públicos que, con esmero, llevan las instituciones en las que trabajan a los mayores niveles de eficiencia y eficacia, pero que también sirve para medir el avance de la administración gubernamental dominicana, así como de testimonio de la determinación y compromiso con el fortalecimiento del funcionamiento del Estado”, observó Disla.

Categoría bronce y más reconocimientos

Las ganadoras en la categoría bronce son, el Instituto Politécnico Ángeles Custodios, de Cristo Rey; la Escuela Flor del Campo, de Licey al Medio, Santiago; el Ministerio de Energía y Minas y el Hogar Escuela Luisa Ortea, de Puerto Plata.

El jurado decidió hacer reconocimientos especiales a varias instituciones, que a pesar de las dificultades ocasionadas por el Covid-19, se mantuvieron trabajando en la mejora de su gestión y en la calidad de sus servicios.

Esas instituciones son, el Liceo Carlos Díaz, en Santiago; la Dirección Distrital de Educación 10-01, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, y la Escuela Básica Km.14, de Cumayasa, ubicada en el kilómetro 14 de la carretera La Romana-San Pedro de Macorís.

Sobre el galardón

El “Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias en el sector público”, instituido por el Poder Ejecutivo en el 2005 y a través del artículo 7 del decreto 211-10, encarga al MAP de su organización y desarrollo.

Entre los objetivos del premio se encuentra, fomentar la implantación de modelos de gestión de calidad en la Administración Pública; promover un espacio de intercambio de experiencias y aprendizaje interinstitucional; reconocer públicamente los logros obtenidos y destacar las prácticas sobresalientes que han sido desarrolladas en cualquier ámbito de los organismos del sector público.

De los 22 países que conforman la Secretaría General Iberoamericana, órgano que tiene por objeto la organización del Premio Iberoamericano de la Calidad, en el 2020, sólo 5 países organizaron sus respectivos Premio Nacional a la Calidad, la República Dominicana es uno de ellos.

SANTO DOMINGO. – La directora de Ética e Integridad Gubernamental anunció este jueves la formación de una comisión integrada por expertos, para que, en un plazo no mayor de 90 días, se realice un riguroso estudio técnico del desempeño de la Contraloría General de la República, que conduzca a una profunda reforma de ese órgano del Estado.

La doctora Milagros Ortiz Bosch significó que la comisión creada por el presidente Luis Abinader, también debe revisar y actualizar todo el marco legal de la contraloría.

Expresó que “entendiendo que el país no puede esperar que se apruebe una nueva normativa para impulsar los cambios que se requieren en la Contraloría General de la República, he instruido al Contralor, para designar dos funcionarios de alto nivel para el desarrollo de la División de investigación y Antifraude de la Contraloría y el fortalecimiento de la función de auditorías internas especiales”.

La funcionaria explicó, en rueda de prensa en el Palacio Nacional, que las dos nuevas instancias de la Contraloría de la República iniciarán, de inmediato, auditorías especiales y de investigación antifraude en todas las instituciones del Estado, con énfasis en las nóminas públicas y en las contrataciones públicas.

Ortiz Bosch, acompañada del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, y el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, anunció una serie de iniciativas tomadas por el presidente Abinader en favor de la transparencia y en contra de la corrupción en las instituciones del Estado.

Sostuvo que el país avanza en un profundo proceso de auditoría interna de todas las instituciones del Estado dispuesto por el presidente Abinader.

“Nuestro país necesitaba un shock de institucionalidad y modernidad sin precedentes, afirmó”.

Recordó el compromiso hecho al país por el mandatario de trabajar por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría, así como la creación de una subdirección antifraude para inspeccionar de forma permanente todas las áreas del Gobierno.

“Así como las acciones anunciadas el pasado nueve de diciembre para reforzar la democracia y luchar contra el mal endémico de la corrupción, hoy, más que nunca, sabemos que estas acciones son la piedra angular de una convivencia pacífica y de una sociedad sana”, indicó.

Entre las acciones tomadas por el presidente, citó la creación de una comisión de revisión y reestructuración de las políticas y de los programas sociales, creada por el Decreto 687-20.

Agregó que el gobernante se comprometió a la formulación de un reglamento para la aplicación de la Ley de Salarios Públicos, el que ya fue consensuado entre los órganos afines y que será firmado en los próximos días.

Recordó la creación del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, creado por el Decreto 695-20.

“Esto demuestra la intención del gobierno de hacer realidad los principios rectores de nuestra actividad; avanzar en la institucionalidad y el fortalecimiento de la trasparencia”, manifestó.

Precisó que, entre los compromisos adoptados por el gabinete, están acelerar los procesos de contratación; asegurar el pago a los proveedores del Estado y, sobre todo, llegar oportunamente, a quien es el objetivo fundamental de esta política, la gente.

Explicó que, a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, se han conformado comisiones de juristas especializados en los diferentes temas para presentar propuestas legislativas sobre los temas de la Ley General de Publicidad Estatal y la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

Ortiz Bosch informó que, para la redacción de la modificación de ley de publicidad, fue formada una comisión integrada por José Luis Taveras, Noel Sued y Carlos Pimentel, y para la de Libre Acceso a la Información la conforman los juristas Berenice Barinas, Carolina Santana, Mayra Cabral y Fabricio Collado.

“En torno a la importante propuesta de modificación y adecuación de las leyes de Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República, se ha dispuesto la integración de un equipo conformado por Patricia Santana Nina, Eric Rafúl, Julio García y Jorge Luis Polanco”, significó.

Indicó que, en relación a la modernización y adecuación del Código Penal, en el Congreso ya cursa un proyecto que es estudiado de forma detallada.

Dijo que, para darle el acompañamiento prometido al proceso, «se ha conformado una comisión con especialistas en el área, como Pedro Balbuena, Félix Tena y Jorge López”.

En cuanto a la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, dijo que trabajan ya en la propuesta los abogados Carlos Pimentel, Cristian Martínez y Mercedes Eusebio.

Comunicó que, respecto a la ley electoral y normas afines, la Junta Central Electoral ha iniciado ya la conformación de los debidos equipos de trabajo para la preparación y estudio de propuestas de modificación. Y dijo que ofrece su disponibilidad y disposición de colaboración.

La directora de Ética agregó que a esas modificaciones legislativas se suman acciones dirigidas al control interno y anunció la creación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República Dominicana, bajo estándares legales nacionales e internacionales.

Resaltó que el programa se implementará en las unidades de compras y contrataciones de cada entidad del gobierno para garantizar la gestión de riesgos de incumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas.

Precisó que la disposición instruye a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), designar en cada entidad pública un Oficial de Cumplimiento Normativo, teniendo como fin procurar la excelencia y transparencia en las contrataciones y garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación.