La vicepresidenta ha afirmado que España está «a la cabeza» en esta carrera por la economía del hidrógeno, tanto por las capacidades profesionales e industriales como por la orientación de las políticas públicas: «Debemos sentirnos enormemente orgullosos».
En octubre de 2020 se aprobó la «Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable» que fijaba para el año 2030 los objetivos de 4 gigavatios de potencia instalada de electrolizadores (el 10% del objetivo marcado por la Comisión Europea para el conjunto de la UE); un mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria de origen renovable, y la implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado propulsados por este vector renovable.
Un año después, en diciembre de 2021, se presentó el PERTE de energía renovables, hidrógeno y almacenamiento, que ya ha convocado ayudas por 400 millones de euros para proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable y para la cadena de valor. «Se ha recibido una respuesta muy significativa que pone de manifiesto la madurez de nuestra cadena industrial», ha elogiado Ribera.
El mes pasado fue impulsado el proyecto de interconexión energética «H2Med», el primer gran corredor verde que conectará la Península Ibérica con el resto de Europa y que será capaz de transportar el 10% del consumo de hidrógeno de la Unión Europea para 2030.
Finalmente, los datos de la semana pasada de la Agencia Internacional de la Energía revelan que el 78% de las patentes de tecnologías de hidrógeno renovable están ubicadas en España y alrededor del 20% de las inversiones a nivel mundial ya tiene lugar en nuestro país.
Propuesta para la reforma del mercado eléctrico europeo
El Gobierno remitirá a la Comisión Europea su propuesta para la reforma del mercado eléctrico europeo, de modo que pueda tenerla en consideración antes de que formule la suya propia en el mes de marzo: «Tenemos la vocación de contribuir», ha afirmado Teresa Ribera.
Ribera ha considerado «imprescindible» actualizar la directiva de 1998 que regula el mercado interior de la electricidad y superar el modelo vigente, «que no está en condiciones de afrontar situaciones de estrés como las actuales ni probablemente sea idóneo para el futuro sistema energético».
La vicepresidenta ha reiterado que los objetivos del Gobierno, a nivel doméstico pero también europeo, son ofrecer seguridad energética a los consumidores y a precios razonables -«beneficiándose del menor coste de la energía del presente y del futuro que representan las renovables»-, dar estabilidad a los inversores y ser atractivos para las nuevas formas de energía y para la industria y los servicios asociados a esa transformación energética.
La propuesta del Ejecutivo se dirige a establecer un sistema asequible y flexible pero seguro. Para ello, plantea ofrecer contratos a plazo de energía, para que el sistema eléctrico pueda beneficiarse de la estabilidad en los precios y que eso redunde en precios medios más bajos en el corto plazo, y que se establezca un servicio de almacenamiento suficiente para aquellos momentos en los que las energías renovables no funcionen al 100%.
Ribera ha explicado que, puesto que la reforma que se está diseñando en Europa es estructural y requerirá un proceso largo, también se ha incluido la solicitud para que, entretanto, se permita prorrogar a España y Portugal la solución ibérica que ha permitido ahorrar hasta la fecha 4.500 millones de euros en la factura energética.
